El derecho a la educación y la libertad de enseñanza quedan regulados en la Constitución española de 1978.
Ellos nacen del reconocimiento de unos principios básicos que repercuten de manera directa y de forma gradual a los padres o tutores, a los profesores, a las personas y los grupos sociales y, finalmente, a los poderes políticos. La cohesión de dichos principios concluye en la Escuela como una de las respuestas institucionales más importantes al derecho de toda persona a la educación, y actúa como pilar fundamental de la estructuración y de la vida en sociedad.
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